En el año 2019, el Tribunal Supremo español, había confirmado la primera condena por estafa con Bitcoins en España.
La Sala de lo Penal de ese organismo, considera al acusado autor de un delito de estafa y lo obliga, a su vez, a reintegrar el valor a los acusados, pero en vez de devolver el dinero en el mismo medio de pago con el que se produjo la estafa, Bitcoins, el Tribunal ha considerado que deberá “pagar el valor en euros que tenían cuando se produjo el delito”.