Muchas veces hemos hablado de la necesidad que jueces y juezas, desde el lugar que les toca, no sean meros aplicadores de la ley.
A veces se le tiene miedo a la palabra “activismo”, pero creo que está bien que sea interpretada en el sentido que, desde la magistratura, se exhorten a ciertos órganos de la administración Pública, a que también utilicen un lenguaje claro y sencillo.
En la sentencia que acompañamos, se exhorta a la Superintendencia de Seguros de la Nación a que ordene a las compañías de seguro la implementación de pólizas de lectura fácil y accesible, que se emitan en lenguaje claro y no técnico; y en un formato que resulte agradable y atractivo para el lector (tipografía, diseño, tipo de papel, color, etc.).
Los modelos de pólizas que actualmente se utilizan, no solo que podrían resultar poco entendibles para la mayoría de los usuarios, sino que cuentan con un formato de difícil lectura, aburrido (por el tipo de letras que usualmente se utilizan) y tedioso (por el contenido y su extensión). Como se remarcó al iniciar esta resolución, los jueces estamos obligados a utilizar lenguaje claro y llano, de manera que – no solo los abogados- sino los propios justiciables puedan leer y entender nuestras resoluciones. Entiendo que dicha obligación puede (y debe) hacerse extensiva a las compañías de seguro, a fin de garantizar que todos los usuarios tengan completa y real comprensión de lo que contratan. Asimismo, deberán implementarse pólizas que sean accesibles para personas con discapacidades permanentes o transitorias, adultos mayores, personas extranjeras, personas con escasa escolarización, etc. A cuyo fin, hágase conocer a la Superintendencia de Seguros de la Nación la presente resolución y, con tal fin, remítase una copia íntegra.
Las pólizas de seguro automotor que actualmente se utilizan, son poco claras, no solo para el profano, sino incluso para abogados y abogadas, o los propios productores de seguros. En muchos casos, términos como “deducible”, “franquicia”, “cobertura parcial”; no son comprendidos por las personas que firman una póliza de seguros.
Es más, la masificación en la contratación ha ido -en muchos casos lamentablemente- en desmedro de los buenos productores de seguro que asesoraban correctamente al contratante.
Al fin de cuentas, el lenguaje claro no sólo debe estar en las sentencias judiciales, sino que debe necesariamente extenderse a toda la Administración Pública.
Celebramos la sentencia de la jueza cordobesa. Esa es la magistratura que pretendemos. Activa y comprometida, no sólo con el dictado de una sentencia en lo meramente formal, sino en el rol “docente” que creemos que tiene quien imparte justicia. No tengamos temor al “activismo judicial” bien entendido. Dictar un fallo no es sólo redactar y firmar una sentencia.
Primero porque, a la hora de suscribir una resolución judicial, perder de vista las consecuencias sociales que ésta tiene es un error. Y segundo, porque al fin de cuentas, que mejor sentencia que la que evita un litigio futuro.
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