En Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (año 1974), la Corte Suprema de Estados Unidos dio interesantes indicios en torno a la conceptualización de los Daños Punitivos.
Se trataba de una caso de responsabilidad de los medios de comunicación por las noticias publicadas.
Los jueces dijeron que no encontraban ninguna justificación para permitir la concesión de indemnizaciones por daños punitivos contra editores y organismos de radiodifusión considerados responsables en virtud de las normas de responsabilidad por difamación definidas por el Estado.
En la mayoría de las jurisdicciones, la discreción del jurado sobre las cantidades otorgadas está limitada solo por la suave regla de que no sean excesivas. En consecuencia, los jurados evalúan los daños punitivos en cantidades totalmente impredecibles que no guardan relación necesaria con el daño real causado. Y siguen siendo libres de usar su discreción selectivamente para castigar las expresiones de puntos de vista impopulares.
Al igual que la doctrina de los daños presuntos, la discreción del jurado para otorgar daños punitivos exacerba innecesariamente el peligro de la autocensura de los medios, pero, a diferencia de la regla anterior, los daños punitivos son totalmente irrelevantes para el interés estatal que justifica un estándar de negligencia para las acciones privadas de difamación. No son compensación por lesiones.
En cambio, son multas privadas impuestas por jurados civiles para castigar conductas reprobables y disuadir su ocurrencia futura. En resumen, el demandante privado de difamación que establece la responsabilidad bajo un estándar menos exigente que el establecido por el New York Times puede recuperar solo los daños que sean suficientes para compensarlo por lesiones reales
El principal punto de desacuerdo entre los tres jueces disidentes se refería a los daños punitivos.
Mientras que el Sr. Juez Harlan pensaba que los Estados podían permitir daños punitivos en cantidades que tuvieran “una relación razonable y deliberada con el daño real causado”, Marshall concluyó que el tamaño y la imprevisibilidad de las indemnizaciones del jurado de daños ejemplares exacerbaban innecesariamente los problemas de autocensura de los medios de comunicación, y que tales daños deberían, por lo tanto, estar prohibidos.
La Corte teme que los jurados otorguen daños y perjuicios incontrolados, pero eso no solo denigra el buen sentido de la mayoría de los jurados, sino que no considera el papel de los tribunales de primera instancia y de apelación en la limitación de los veredictos excesivos del jurado donde no existe una relación razonable entre la cantidad otorgada y la lesión sufrida.
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